La Oficina polaca de Competencia y Protección al Consumidor acaba de sancionar al grupo Volkswagen con una multa de 28,4 millones de euros por engañar a los consumidores sobre los índices de polución emitidos por los vehículos de las marcas Volkswagen, Audi, Seat y Skoda comercializados entre 2008 y 2016.
Se trata de la sanción más alta impuesta por esta oficina, que además denuncia la falta de ética del Grupo Volkswagen a la hora de recomendar a sus concesionarios no aceptar ningún tipo de reclamación por parte de sus clientes. Esta sentencia podrá ser aprovechada por los consumidores polacos afectados para adjuntarla a sus reclamaciones particulares.
La decisión de la autoridad polaca de protección al consumidor contrasta con las actuaciones de las diferentes autoridades en España que han dejado sin sanción administrativa las actuaciones de Volkswagen sobre todo después de que la Agencia Catalana de Consumo desestimara las denuncias contra la empresa, obligando a los afectados a acudir a la vía judicial.
Solo falta un mes para la vista oral en España
Años después de que estallara el escándalo de las emisiones del Dieselgate, por fin OCU y Volkswagen se verán las caras en los tribunales. Tras un intento fallido de conciliación el juez estableció la fecha para la celebración del juicio el próximo 17 de febrero de 2020.
OCU representará en tribunales a más de 7.500 usuarios de vehículos del Grupo Volkswagen afectados por el escándalo de las emisiones de sus vehículos diésel. Para ellos la organización exige indemnizaciones por los daños y perjuicios causados: las compensaciones que pide rondan los 3.000 euros por afectado, más de 22 millones de euros en total. Tras la decisión de la Agencia Catalana de Consumo de desestimar la denuncia administrativa contra Volkswagen, y el traslado de las acciones penales a Alemania, la civil es la única vía posible para que los afectados reciban las compensaciones a las que tienen derecho.
En Alemania la investigación sigue abierta
La fiscalía alemana acusó de fraude este martes a seis ejecutivos de la compañía. En concreto, por confundir de forma deliberada a los reguladores y al público al no informar de la instalación de software instalado en el motor de los vehículos que daba falsamente la impresión de que cumplía con los límites de emisiones contaminantes.
De hecho, distintos tribunales regionales han ido condenando a las marcas del Grupo Volkswagen con hasta 1.800 millones de euros por el caso Dieselgate.
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