Greenpeace España ha interpuesto un recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), contra la denegación del Gobierno de entregar una copia del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de marzo de 1987, que declaró “materia clasificada” las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), responsable de autorizar la exportación de armas.

Conocer los términos de este acuerdo de 1987 es importante porque el Gobierno se ampara en él, así como en la ley franquista de Secretos Oficiales (LSO), para no tener que informar sobre autorizaciones o licencias concedidas para la exportación de armas, como las controvertidas exportaciones a Arabia Saudí por su involucración en la guerra de Yemen. Con este entramado de normas, el Ejecutivo oculta a la ciudadanía y al Parlamento una información que permitiría exigir la rendición de cuentas sobre dichas autorizaciones. Esta medida, lejos de afectar a la seguridad nacional, permitiría salvar vidas y contribuir a la paz.

Como organización también pacifista, Greenpeace, que forma parte de la campaña Armas Bajo Control, junto a Amnistía Internacional, Oxfam y Fundipau, lleva años denunciando la opacidad en el comercio de armas español, que podría estar vulnerando el Tratado de Comercio de Armas del que España es firmante que obliga a evaluar si el armamento a exportar podría ser utilizado para cometer “una violación grave del derecho internacional humanitario“. También la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, establece la prohibición de exportar armas a terceros países que podrían utilizarlas para cometer violaciones de derechos humanos.

El pasado 11 de marzo, Greenpeace solicitó al amparo de la Ley de Transparencia una copia del acuerdo de 1987, de imposible localización en los registros públicos de acceso general. Tras la suspensión de los plazos administrativos por el Real Decreto del estado de alarma, de 14 de mayo de 2020, que se reanudaron el pasado 1 de junio, y habiendo transcurrido más de un mes sin contestación, se entiende desestimada la petición por silencio administrativo.

Greenpeace ha decidido pedir amparo al Consejo de Transparencia por considerar que la negativa del Gobierno a hacer público un acuerdo en el que se basa para denegar el derecho de acceso a la información pública carece de base jurídica, ya que este derecho está garantizado por la Constitución y los convenios internacionales de protección de los Derechos Humanos, como derecho instrumental para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información veraz. Además, atenta gravemente contra los principios de transparencia y publicidad de la actividad de la Administración pública.

La organización considera que no tener acceso a este documento le genera indefensión y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, ya que dificulta su derecho a emprender acciones judiciales por la sistemática denegación de acceso al contenido de las autorizaciones y licencias de exportación de material bélico a Arabia Saudí.

“El Gobierno sabe de sobra que exportar armas a países que pueden usarlas en la comisión de violaciones de derechos humanos, como las que suceden a diario en el conflicto de Yemen, además de inmoral es ilegal, lo que explica su interés por ocultar el posible uso de armas españolas en este conflicto”, ha declarado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España. “La falta de transparencia en el comercio de armas es extrema e injustificada, y parece responder más a los intereses multimillonarios de la industria armamentística que a la salvaguarda de la seguridad nacional”, ha añadido Ruiz-Huerta.

En ocasiones, el Gobierno ha dado explicaciones, siempre limitadas, sobre el comercio de armas en el Congreso, con ocasión de la presentación de las estadísticas anuales, o se han filtrado informaciones a la prensa, quedando entonces en entredicho la exigencia del secreto en la información sobre la exportación de armas para garantizar esa famosa (pregonada?) seguridad.

Incluso la preconstitucional LSO regula las condiciones en las que el Consejo de Ministros podrá calificar las materias como secretas o reservadas, o el plazo de duración de tal clasificación, para evitar que se dicten acuerdos arbitrarios. Pero ninguna de estas circunstancias se pueden conocer por la ciudadanía, con la persistente denegación de acceso al contenido del acuerdo de 1987.

La organización pacifista confía en que el Consejo de Transparencia estime su recurso y restablezca los principios de transparencia y publicidad en la actuación del Gobierno, quebrantados.