España necesita cambiar radicalmente su modelo de transporte tras años de inversiones desmesuradas y con importantes carencias de planificación y evaluación. Es la conclusión que Greenpeace ha extraído del Estudio de Infraestructuras de Transporte elaborado por la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) que se ha publicado hoy y en el que se analiza la eficiencia de las inversiones en este sector. Un documento que cuantifica en 340.000 millones de euros la inversión en infraestructuras desde 1985, la mayoría dedicados al transporte por carretera (55 %).

En dicho informe se analiza la gobernanza y los procesos de toma de decisiones y se señala la ausencia de conexión entre las obras planificadas y el presupuesto dedicado a las mismas. Los planes de infraestructuras se reducen así a un listado de obras “inverosímil por su dimensión y por los inviables plazos previstos para finalizarlas”, según la AIReF. Esta situación implica que las nuevas obras se hayan priorizado en función de las presiones e intereses de cada comunidad autónoma, basadas en un supuesto “agravio comparativo” entre ellas, y abocando a la sobredotación de infraestructuras por todo el territorio.

Las conclusiones de AIReF confirman las denuncias que desde Greenpeace alertaban de una excesiva construcción de infraestructuras sin más criterio que extender vías de alta capacidad en toda España, sin considerar la demanda real y el beneficio social de las mismas. De esta forma, las inversiones se han dedicado a prometer “la triple A” (Autopistas, Aeropuertos y Ave) “infravalorando notablemente los costes de las inversiones y sobreestimando la demanda de viajes”, tal y como recoge el informe. Greenpeace ha colaborado en el proceso de consulta de este informe aportando su experiencia en la evaluación de los diferentes planes estatales de infraestructuras (PEIT, PIT, PITVI…) y especialmente desde la visión del impacto del transporte en el clima y la biodiversidad.

Para corregir esta situación, desde AIReF consideran imprescindible mejorar la transparencia en los procesos de toma de decisiones, garantizando la participación pública en la fase de planificación. Una demanda que Greenpeace ha reivindicado en varias ocasiones. “Para los colectivos sociales, como las ONG ambientales, no es fácil acceder a los criterios de planificación de infraestructuras”, ha afirmado Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace.

“Cuando recibimos peticiones desde los territorios para protestar por el impacto de una nueva autopista, por ejemplo, solo hay tiempo para proponer medidas correctoras. Pero no existe forma de cuestionar si de verdad esa autopista tiene demanda o es innecesaria. Esas decisiones se basan en compromisos políticos, sin atender a criterios técnicos que justifiquen que se haya elegido la solución adecuada” ha sentenciado Fernández.

Greenpeace pide una financiación favorable para el tren

El informe de la AIReF incluye un detalle específico sobre las nuevas Líneas de Alta Velocidad (LAV) en España, la segunda red más extensa del mundo después de China. A pesar del bajo coste de construcción que las LAV tienen en nuestro país, la intensidad de uso es la más baja entre los países con este tipo de redes. Nuestra red ferroviaria ofrece una gran sobrecapacidad que, según Greenpeace, debe servir para atraer viajeros al ferrocarril en detrimento de otros modos más contaminantes, como el automóvil o el avión.

Desde la AIReF también se señala la desigualdad de inversiones en los servicios de Cercanías, 15 veces inferior a la Alta Velocidad. En el período 1990-2018 la inversión total en infraestructuras de Cercanías ascendió a 3.680 millones de euros (131 millones/año), una cifra que contrasta con los 55.888 millones de euros invertidos en alta velocidad (1.550 de media anual). A pesar de la escasa inversión, su demanda se ha duplicado en este periodo, pues no en vano Cercanías es un medio de transporte fundamental para las ciudades por su alta capacidad (hasta 40.000 viajeros/hora, el equivalente a una autopista de 30 carriles) y porque evita la congestión de la red viaria. Greenpeace denuncia que Cercanías sólo ha recibido el 5,5 % de las inversiones comprometidas en Madrid, Barcelona y Valencia, a pesar de que 9 de cada 10 usuarios del tren utilizan este servicio.

Desde 2018 el sector del transporte lidera las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España. Por eso, y de cara a la elaboración de la futura Ley de Movilidad, Greenpeace propone una política de financiación más favorable al ferrocarril y al transporte público bajo el principio de “quien contamina paga”, de forma que modos contaminantes como la carretera y la aviación compensen por las externalidades ambientales que generan.

De esta forma se conseguiría dotar al tren de tarifas justas y accesibles a todos los perfiles sociales, lejos del perfil elitista asociado a la Alta Velocidad con tarifas poco competitivas frente a una aviación “low cost” que se beneficia de importantes beneficios fiscales, como la ausencia de impuestos sobre el carburante o sobre sus emisiones de CO2.