El Partido Popular trasladará al senado la situación real en materia de seguridad de la provincia de Pontevedra tras reunirse con la Confederación Española de Policía –CEP

Exigen la dimisión o reemplazo de la Subdelegada del Gobierno de Pontevedra Maica Larriba

El medio especializado en información de la Policía Nacional h50, informa que el sindicato de Policía Nacional CEP, Confederación Española de Policía, ha mantenido una mesa de trabajo con el Senador por la provincia de Pontevedra del Grupo Parlamentario Popular D. Javier Guerra, así como con sus asesores, a fin de trasladar la situación real por la que atraviesa su provincia en materia de seguridad y las comisarías implantadas en la misma.

Y es que desde el CEP ven con preocupación el aumento en más de un 30% de las infracciones penales en la provincia en el primer semestre del año 2022, siendo alarmantes las cifras que hacen referencia a los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, lo que todo el mundo conoce como peleas graves en la calle, que han aumentado un 70%, y por lo cual llevan años pidiendo desde este sindicato policial una Unidad de Prevención y Reacción –UPR– para la Pontevedra y el aumento de efectivos en la de Vigo, ya que estas unidades son especialistas en contención de masas y mantenimiento del orden público.

Las cifras no engañan, es la estadística de la administración la que indica que en la provincia de Pontevedra los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones han aumentado más de un 60%, siendo la cifra en domicilios superior al 40%. Los robos con violencia han incrementado más de un 25%, los hurtos un 58% y la sustracción de vehículos ha aumentado casi un 60%.

Pero la falta de efectivos policiales en las calles de las ciudades de la provincia de Pontevedra es la punta de iceberg, un hecho que desde el CEP llevan años denunciando, a la vez que señalan a un catálogo de puestos de trabajo obsoleto, tanto en el número de agentes como en las unidades predispuestas en el mismo. Mientras los delincuentes, los delitos y sus especialidades aumentan, el número de agentes en ese catálogo es el mismo, lo que impide la creación de nuevos grupos y especialidades policiales sin perjudicar a otros ya existentes.

Y es que mientras en el resto de España sí se ha aumentado ese catálogo de puestos de trabajo que permite el aumento de policías y la creación de nuevas unidades, en Galicia sigue implantado uno efectuado en su momento para otra realidad delincuencial, y que en las comisarías y unidades policiales más pequeñas como son Vilagarcía, Marín o Tui sufren sobremanera, ya que a duras penas en su día a día dan sacado a la calle un coche patrulla y difícilmente pueden atender en dependencias policiales y 24 horas al día al público en general, y en especial a las víctimas, sin el número de personal policial necesario.

Desde el sindicato CEP han trasladado al Senador Javier Guerra y a sus asesores las necesidades y realidades de su provincia, comprometiéndose éste a trasladar las mismas al Senado, para desde la Cámara Alta promover las acciones que se encuentran al alcance de su mano y la de su partido que puedan mejorar una situación calificada de insostenible.

Una mesa de trabajo fructífera en la que todas las partes han visto las necesidades y carencias en la provincia de Pontevedra en materia de seguridad, y desde donde el sindicato policial CEP ha querido aportar posibles soluciones, siendo la modificación de ese catálogo de puestos de trabajo el factor fundamental, ya que con el aumento de agentes y la creación de nuevas unidades se podría luchar con efectividad contra la delincuencia actual.

La creación de una UPR en Pontevedra y aumento de la de Vigo sería la punta de lanza de la Policía en materia de orden público, con el aumento de los agentes y creación de nuevos grupos de atención a las víctimas de violencia de género se podría llegar a hablar de una atención adecuada y real a las víctimas, y con la potenciación y creación de grupos antidroga y de delitos tecnológicos se podrá luchar contra la delincuencia del Siglo XXI.

“Los ciudadanos no acuden a las comisarías para efectuar una denuncia, que firman, dando cuenta de un delito de tráfico de drogas, por lo que estadísticamente no cuentan, y si los grupos que investigan los delitos de narcotráfico van a menos, junto con su personal, la estadística baja,  es la única estadística que en negativo es preocupante”, y de ahí que desde el sindicato policial CEP denuncien y promuevan la reposición del número de agentes que había hace años en la lucha contra el narcotráfico en la provincia, la principal entrada de droga de Europa, y  hoy día venido a menos, “ya que el narcotráfico no sólo promueve los pequeños delitos como robos y hurtos para el consumo de droga, si no que financia al terrorismo, prostitución y tráfico de armas, a la vez que mantiene a dictaduras islamistas en el poder”, remarcan desde esta organización sindical, la misma que hace hincapié en la necesidad de crear en Vigo una “Brigada Móvil” y un grupo de guías caninos en la ciudad de Vigo que apoye a las comisarías de la provincia de Pontevedra y así poder luchar sin discriminación y en igualdad de condiciones contra el narcotráfico como lo hacen ciudades españolas como Oviedo, Coruña, Madrid, Sevilla o Valencia que disponen de estos medios.

“Pero los ciudadanos si acuden a denunciar todas las estafas y delitos tecnológicos de los que han sido víctimas”, significan desde el CEP, pero apuntan a que el arcaico catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional ha impedido la creación de nuevas especialidades y grupos de luchen  contra las lacras delincuenciales y tecnológicas del Siglo XXI, de ahí que urjan su modificación y lo adapten a la realidad actual.

Desde el sindicato CEP agradecen la mano tendida del Senador por Pontevedra del Grupo Parlamentario Popular D. Javier Guerra, y su predisposición para intentar cambiar una tendencia alarmante, indicando que hace meses solicitaron a la Subdelegada del Gobierno del Partido Socialista Maica Larriba una reunión para trasladar todas estas preocupantes realidades y a día de hoy siguen sin contestación, motivo por el cual han exigen su dimisión o reemplazo, al entender que, como máxima responsable del Gobierno en la provincia era su deber y obligación velar para cubrir las carencias en materia de seguridad.

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